Comisión del Senado retoma ley corta de isapres, pero sigue entrampada en delimitación de las devoluciones masivas

La Comisión de Salud del Senado retomó la discusión de la ley corta de isapres, que responde principalmente a la implementación del fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras realizar devoluciones masivas por los cobros en exceso aplicados por tabla de factores.

La situación de las compañías se vio agravada por otra sentencia de la Corte, que también anuló las alzas efectuadas por concepto de Garantías Explícitas en Salud (GES). Por ese fallo, las isapres llegaron a enero con una disminución promedio de un 12% en sus ingresos, lo que aumentó el sentido de urgencia de la ley corta, que el Senado espera despachar en enero.

Si bien ya se aprobaron medidas de emergencia, que implican adelantar las alzas de los planes para abril, las isapres han reiterado que esto cubre solo una cuarta parte de la caída de los ingresos.

“¿Cómo vamos a tener que adivinar poco menos la cifra final de pago si no tenemos certezas?”, reclamó el senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la comisión.

Pese a la urgencia, en la sesión de ayer martes aún no se vieron consensos sobre el artículo que definirá el monto y método con que las aseguradores deberán pagar su deuda. Según el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, “este artículo es el que permite o no la continuidad de la industria”.

Desde que el Gobierno ingresó sus indicaciones, este es uno de los puntos que más polémica ha causado. El comité técnico que asesoró al Senado sugirió calcular la deuda utilizando el principio de mutualización -mediante el cual los afiliados de una cartera comparten los riesgos-, lo que arrojaba pasivos por US$ 451 millones. Pero el Ejecutivo desechó esta opción, lo que eleva la deuda a unos US$ 1.000 millones.

Y Arriagada sostuvo que esta cifra puede seguir subiendo, debido a que la comisión técnica consideró devoluciones solo para los afiliados que se mantengan en la isapre al momento de implementar el fallo y eso tampoco fue tomado por el Gobierno en sus indicaciones.

“No se ha considerado ni la mutualización ni la cartera propuesta. Considerando que de tres criterios solo se está considerando uno (que todos los afiliados paguen el 7% de cotización completo) a nosotros nos parece que no hay ningún cálculo de la comisión técnica que responda a esa cifra”, indicó Arriagada.

El proyecto de ley corta instruye a las isapres a presentar un plan de pago que, entre otros, incluya los montos, plazos máximos y número de contratos afectos a devolución.

Este es uno de los motivos por los que los senadores reclamaron estar legislando sin la información clara y necesaria y pidieron al Gobierno entregar estimaciones de los impactos financieros que tendrán los distintos artículos de la ley corta. “¿Cómo vamos a tener que adivinar poco menos la cifra final de pago si no tenemos certezas?”, reclamó el presidente de la Comisión, Juan Luis Castro (PS).

Las isapres también deberían presentar una propuesta para hacer un reajuste único que les permita reestablecer el “equilibrio financiero”, esto es, que los ingresos puedan cubrir las prestaciones y licencias médicas de los usuarios.

Respecto a ese punto, los parlamentarios manifestaron preocupación porque ese reajuste pueda reabrir la judicialización de la industria.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, retrucó que este ajuste deberá ser fundamentado y aprobado por un consejo consultivo externo.

“No se trata de un ajuste sin techo (...) es lo que se requiere para reponer el equilibrio financiero y por lo tanto la continuidad de la industria”, planteó Arriagada.